Caos en la DGT: llegan las primeras multas por la baliza V16
No obstante, estas sanciones podrían ser recurridas al haber «fundamentos jurídicos sólidos para la impugnación de estas sanciones».
Libre Mercado
04/2/2026
Ejemplo de la multa | LM
Una de las grandes polémicas relacionadas con la regulación del tráfico en España es la obligatoriedad de usar la nueva baliza V16 desde este año para señalar la posición de un vehículo estacionado al margen de una carretera. Desde el precio de estos dispositivos, hasta la falta de visibilidad de la luz que emite, pasando por la cantidad de dinero que llevaría Hacienda gracias al IVA, en los últimos meses la polémica acerca de la baliza no ha dejado de crecer.
La polémica de la baliza V16
La implantación obligatoria de la baliza V16 desde el 1 de enero de 2026, en sustitución de los triángulos de emergencia, ha provocado una enorme polémica entre expertos y conductores por diferentes motivos.
En primer lugar, por su «homologación». Durante años se han vendido miles de balizas V16 bajo el sello de «homologadas por la DGT», pero que no tienen conectividad. Por lo tanto, estas balizas han dejado de ser legales desde el 1 de enero de 2026, por lo que muchos ciudadanos sienten que han «tirado el dinero» en un dispositivo con fecha de caducidad muy corta.
En segundo lugar, el hecho de que la baliza incorpore un GPS y una tarjeta SIM para enviar tu ubicación a la plataforma DGT 3.0 ha disparado las teorías de vigilancia y el miedo al rastreo, con el temor de que la DGT pueda usar esa conexión para tenerte localizado en todo momento e incluso multarte por exceso de velocidad de forma remota. Aunque las autoridades insisten en que la baliza es anónima y solo emite señal cuando el usuario la activa manualmente en caso de emergencia, fallos recientes de seguridad (donde algunas ubicaciones reales quedaron expuestas en mapas públicos en internet) han alimentado la desconfianza. En relación a esto, también hay suspicacia sobre que el conductor que activa la baliza puede quedar expuesto a robos y atracos por parte de terceras personas.
En tercer lugar, también han provocado controversia los intereses económicos detrás de la medida, tanto el hecho de que la empresa que inventó y patentó el concepto original recibió importantes subvenciones públicas y ha visto dispararse sus beneficios, como a si la obligatoriedad responde exclusivamente a la seguridad o si hay un afán recaudatorio para las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones (la conectividad está incluida por 12 años).
Por último, las mayores polémicas se centran en su eficacia técnica: la duración de las baterías (algunas balizas sólo duran media hora, tiempo inferior al que tarda una grúa en llegar) y, sobre todo, la escasa visibilidad de la baliza, inferior a la luz que emiten los intermitentes de los vehículos.
Lo cierto es que, ante la confusión generada, el Gobierno anunció que al principio no se multaría a los conductores que no llevaran este dispositivo en sus vehículos, sino que simplemente se informaría de la entrada en vigor de la normativa. De este modo, se trataba de dar cierta seguridad a los conductores y darles cierto margen para adaptarse a las nuevas exigencias. Sin embargo, ya se han empezado a poner las primeras multas por no llevar este dispositivo.
Pese a que el Gobierno anunció que tras la entrada en vigor de la obligación de llevar la baliza V16 en el coche se pondría en marcha un período flexible, donde no se multaría a los conductores por infringir la norma, ya se han puesto las primeras sanciones por este motivo. Así lo confirma la consultora Pyramid Consulting, dedicada a la asesoría jurídica que ofrece soluciones y asesoramiento para la defensa frente a las multas, que detalla que «ha tenido conocimiento de la primera denuncia impuesta a un conductor por no llevar instalada la señal reglamentaria V16″.
En este sentido, desde la compañía subrayan que esta multa «se produce pese al anuncio público del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la aplicación de un periodo de gracia antes de comenzar a sancionar por este motivo». De esta forma, detallan que «la multa, de 80 euros, ha sido emitida por el Ministerio del Interior–Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia» por una supuesta infracción relacionada con la normativa que regula el uso de los elementos de señalización obligatorios.
Naturalmente, esta multa supone una incoherencia con lo expresado desde el Gobierno en las últimas semanas. Desde la consultora explican que «la imposición de esta sanción, emitida posteriormente al anuncio, evidencia una contradicción entre el anuncio institucional y la actuación administrativa», subrayando además que esto «plantea dudas jurídicas relevantes en torno a la aplicación del principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre la Administración y los ciudadanos». Así, denuncian que «la Administración no está actuando con previsibilidad, seguridad jurídica, buena fe y transparencia».
No obstante, desde Pyramid Consulting adelantan que esta sanción será recurrida e instan a estudios los casos similares por «considerar que existen fundamentos jurídicos sólidos para la impugnación de estas sanciones».
21/02/2026
