Aunque los conflictos armados en África causaban a la población civil sufrimientos sin tregua —entre otras cosas, niveles cada vez mayores de violencia sexual y de género y muertes en gran escala—, las respuestas internacionales y regionales seguían siendo sumamente insuficientes y la población civil se sentía abandonada.
La crisis del costo de la vida se agudizó con los aumentos de los precios de alimentos, combustibles y otros artículos de primera necesidad. Los altos niveles impositivos, la insostenibilidad de la deuda pública, la corrupción generalizada y descontrolada, la intensificación de los conflictos y los fenómenos meteorológicos extremos agravaron la crisis.
Protestar significaba poner en peligro la vida. Con demasiada frecuencia, las manifestaciones eran dispersadas de forma brutal y con resultados letales, y los ataques al derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación seguían siendo endémicos. Los gobiernos utilizaron como tácticas represivas, entre otras la desaparición forzada y la detención y reclusión arbitrarias de oponentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y voces críticas.
Las conmociones provocadas por los conflictos y por el cambio climático continuaban siendo las causas principales del desplazamiento forzado, y Sudán seguía sufriendo la mayor crisis de desplazamiento de población del mundo. Siguió aumentando el número de personas refugiadas procedentes de zonas de conflicto, que en muchos casos vivían en condiciones miserables o con miedo a ser devueltas a su lugar de origen.
La discriminación y la violencia por motivos de género —alimentadas por las normas sociales— seguían siendo una realidad cotidiana para las mujeres y las niñas.
Los países de ingresos altos que eran los principales causantes del cambio climático no asignaron financiación suficiente para cubrir las pérdidas y daños ni para aplicar medidas de adaptación. En consecuencia, las comunidades seguían soportando los efectos más graves de las sequías prolongadas, las inundaciones recurrentes y las tormentas y el calor extremos que probablemente se veían agravados por el cambio climático.
La cultura de la impunidad continuaba envalentonando a quienes perpetraban crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves o manifiestas de derechos humanos.
Homicidios y ataques ilícitos
Se tuvo noticia de homicidios y ataques ilícitos de fuerzas gubernamentales y grupos armados en toda la región, en países como Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.
En muchos casos, las operaciones de las fuerzas gubernamentales dejaron una estela de muerte entre la población civil. En Burkina Faso, según informes, los militares mataron en febrero a un mínimo de 223 civiles, de ellos al menos 56 niños y niñas, en las localidades de Soro y Nodin; en mayo, también según informes, el ejército y sus fuerzas asociadas mataron a cientos de civiles durante una operación de abastecimiento a ciudades asediadas en el este del país. En Etiopía, tras los enfrentamientos armados de enero entre fuerzas gubernamentales y milicias en la ciudad de Merawi, región de Amhara, las fuerzas gubernamentales detuvieron a decenas de hombres civiles en sus casas, en comercios y en las calles, y los ejecutaron.
En varios conflictos, los ataques aéreos o con drones de fuerzas gubernamentales causaron víctimas civiles. En Malí, los ataques del ejército con drones mataron en marzo al menos a 27 civiles, 18 de ellos niñas y niñas, y en octubre a ocho civiles, seis de ellos niños y niñas. En Níger, según informes, un ataque con drones del ejército mató en enero a unos 50 civiles en la localidad de Tiawa, región de Tillabéri. En Nigeria, los ataques aéreos del ejército en el estado de Kaduna causaron en una pequeña localidad la muerte de 23 personas, entre ellas fieles de una mezquita y personas que hacían sus compras en un mercado. En Somalia, en marzo, dos ataques con drones de fabricación turca que apoyaban operaciones militares somalíes mataron a 23 civiles, 14 de ellos niños y niñas, en la región de Baja Shabelle.
Los grupos armados fueron responsables de algunos de los ataques más mortíferos contra la población civil. En Burkina Faso, según informes, en agosto el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) mató en Barsalogho a unas 200 personas, entre las que había civiles. En República Democrática del Congo, la mayoría de los homicidios de civiles se cometieron cuando grupos armados, como el Movimiento 23 de Marzo, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo y las Fuerzas Democráticas Aliadas, libraron combates con fuerzas gubernamentales en el este y el oeste del país; en junio, las Fuerzas Democráticas Aliadas mataron a más de 200 civiles en dos ataques distintos. En Somalia, la Misión de Asistencia de la ONU informó de que Al Shabaab había sido responsable del 65% de las 854 víctimas civiles registradas en el país entre enero y septiembre. En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido continuaron sus ataques contra la población civil, en algunos casos por motivos étnicos; en octubre, este grupo lanzó ataques de represalia contra ciudades y pueblos en el este del estado de Gezira, tras desertar uno de sus jefes y pasarse a las Fuerzas Armadas de Sudán, y mató al menos a 124 civiles en siete días, según la ONU.
Fueron frecuentes los ataques de grupos armados a lugares de culto, escuelas, hospitales y otros objetivos de carácter civil. En Burkina Faso, un grupo armado mató a 15 fieles en una iglesia católica de Essakane, región del Sahel, el 25 de febrero; ese mismo día, otro grupo armado, afiliado al GSIM, mató al menos a 14 personas en una mezquita de Natiaboani, región Este; en agosto, el GSIM mató a 26 civiles en una iglesia de Kounla, región de Boucle du Mouhoun. En Mozambique, en febrero, grupos armados quemaron tres iglesias y dos escuelas e incendiaron un hospital en el distrito de Chiúre.
Las partes en los conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario, entre otras cosas protegiendo a la población civil y las instituciones religiosas y educativas y otros bienes de carácter cultural, y poniendo fin a los ataques selectivos e indiscriminados contra personas e infraestructuras civiles.
Violencia sexual y de género relacionada con los conflictos
Los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos aumentaron de modo alarmante. En República Centroafricana se tuvo noticia de más de 11.000 casos de violencia de género en el primer semestre del año. En República Democrática del Congo, el número de denuncias se duplicó en el primer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023. En Sudán, la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, de la ONU, constató que miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido habían perpetrado violencia sexual generalizada en el marco de ataques contra ciudades de la región de Darfur y en el Gran Jartum; en muchos casos, violaron, individualmente o en grupo, a mujeres y niñas en presencia de sus familiares, sobre todo en la región de Darfur y el estado de Gezira. La violencia sexual relacionada con los conflictos también fue generalizada en Somalia y Sudán del Sur. En un incidente en Somalia, dos integrantes del Ejército Nacional Somalí violaron presuntamente a dos hermanas de 15 y 16 años.
Las partes en los conflictos armados deben dictar a sus integrantes o fuerzas órdenes claras que prohíban los actos de violencia sexual y de género.
Derechos económicos y sociales
Derecho a la alimentación
Una gran parte de la población de la región seguía pasando hambre. Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Namibia, Zambia y Zimbabue, en la región de África Austral, se vieron afectados por la peor sequía provocada por El Niño en un siglo, y algunos de estos países respondieron declarando el estado de emergencia. La sequía destruyó cultivos y mató ganado, y puso en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas. En agosto, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral anunció que el 17% de la población de la región (68 millones de personas) necesitaba ayuda.
Otras zonas de África, como República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur, también padecían inseguridad alimentaria severa. En República Centroafricana se veían afectadas más de 2,5 millones de personas, y más del 50% de la población de Mbomou, Haute-Kotto y otras regiones vivía en una situación de inseguridad alimentaria de emergencia o crisis. En Somalia, al menos cuatro millones de personas se enfrentaban a una inseguridad alimentaria en niveles de crisis o de emergencia, y se estimaba que 1,6 millones de niños y niñas de entre seis y 59 meses sufrían malnutrición aguda. En Sudán del Sur se preveía que aproximadamente 7,1 millones de personas (el 56,3% de la población) estarían expuestas a inseguridad alimentaria en fase de crisis o superior durante el año, y más de 2,5 millones de niños, niñas y mujeres sufrían malnutrición aguda.
Derecho a la educación
Aunque la Unión Africana se comprometió a construir sistemas educativos resilientes, los conflictos y la inseguridad mantenían sin escolarizar a millones de niños y niñas. Cientos de escuelas en zonas de conflicto quedaron destruidas en ataques o se convirtieron en refugios para personas desplazadas, contraviniendo la Declaración sobre Escuelas Seguras, un acuerdo intergubernamental para la protección de la educación en situaciones de conflicto armado. En Sudán, más de 17 millones de niños y niñas seguían sin escolarizar, y Save the Children informó en mayo de que los ataques contra escuelas se habían cuadruplicado desde el comienzo del conflicto en abril de 2023. En África Occidental y Central, según la información proporcionada por UNICEF, en septiembre había más de 14.000 escuelas cerradas a causa de conflictos, situación que afectaba a 2,8 millones de niños y niñas. En Burkina Faso, hasta marzo, el conflicto armado había obligado al cierre de 5.319 escuelas, lo que afectaba a casi un millón de niños y niñas.
Derecho a la salud
Los gobiernos seguían incumpliendo los compromisos contraídos más de dos decenios atrás en la Declaración de Abuya de asignar el 15% de su presupuesto nacional a atención de la salud. El gasto público destinado a sanidad representaba sólo el 7,4%, por término medio, de los presupuestos nacionales, y los sistemas de salud pública tenían dificultades para prestar servicios de calidad. Al mismo tiempo, los costos de la atención de la salud seguían siendo elevados, y la OMS advirtió en diciembre de que el hecho de que los gobiernos se apoyaran en gran parte en que las personas afectadas pagaran su propia asistencia médica empujaba a más de 150 millones de personas a la pobreza en la región. En Kenia, un nuevo sistema nacional de seguro de salud creaba dificultades para el acceso a atención de la salud de muchos pacientes. En el lado positivo, Ghana amplió su campaña de vacunación contra la malaria, y el gobierno de Níger anunció una reducción del 50% de los honorarios que debían pagar los pacientes por los tratamientos médicos, las pruebas de laboratorio, el diagnóstico por imagen y las intervenciones médicas y quirúrgicas, y suprimió los honorarios por parto y por diálisis en los hospitales públicos.
Un brote de viruela símica que afectó a países como Burundi, Camerún, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo y Sudáfrica causó alarma en toda la región. Hasta el 30 de julio se habían comunicado 14.250 casos y 456 muertes en 10 países, cifras que representaban un aumento del 160 y el 19%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2023. Más del 96% del total de casos y muertes de los que se tuvo noticia correspondían a República Democrática del Congo. En agosto, la OMS declaró “emergencia de salud pública de importancia internacional” el brote de viruela símica en la región.
Desalojos forzosos
Miles de personas se quedaron sin hogar y en la indigencia por efecto de desalojos forzosos ejecutados por los gobiernos de varios países, como Costa de Marfil, Kenia y República del Congo. En República del Congo se reubicó por la fuerza a residentes en Mpili, departamento de Kouilou, para dejar espacio para la extracción de potasa por parte de una empresa china. En Kenia, el gobierno demolió las viviendas de al menos 6.000 familias en los asentamientos de Mathare y Mukuru Kwa Njenga, en Nairobi, en un periodo de intensas lluvias e inundaciones.
Los gobiernos deben actuar con carácter inmediato para abordar las dificultades socioeconómicas, entre otras cosas tomando medidas con rapidez para prevenir el hambre y abordando las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria; respaldando y aplicando la Declaración sobre Escuelas Seguras y garantizando el acceso a la educación de los niños y niñas en zonas de conflicto; dando prioridad al gasto público en atención de la salud, de conformidad con la Declaración de Abuya, y poniendo fin a los desalojos forzosos y suspendiendo los desalojos masivos hasta que se establezcan salvaguardias jurídicas y procesales adecuadas para las personas amenazadas de desalojo.
Represión de la disidencia
Libertad de reunión
El uso de fuerza excesiva por los organismos de seguridad era práctica habitual. Se documentaron homicidios cometidos por la policía y detenciones masivas de manifestantes en países como Guinea, Kenia, Mozambique, Nigeria y Senegal. En Guinea, un manifestante de 17 años murió por disparos en febrero durante una huelga convocada por el movimiento sindical; en marzo, dos niños de ocho y 14 años murieron por disparos en protestas desencadenadas por un corte de electricidad en la ciudad de Kindia. En Senegal, en febrero, las fuerzas de seguridad mataron a cuatro personas, entre ellas un joven de 16 años, durante protestas motivadas por la demora de las elecciones presidenciales. En Kenia, la institución nacional de derechos humanos documentó 60 muertes en junio y julio durante protestas celebradas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos; más de 600 manifestantes fueron detenidos entre junio y agosto. En Mozambique, tras la celebración en octubre de unas elecciones controvertidas, las fuerzas de seguridad desataron la represión de protestas más intensa en años; murieron al menos 277 personas, entre las que había menores y transeúntes. En Nigeria, al menos 24 personas murieron durante las protestas convocadas al amparo de la etiqueta #EndBadGovernance en agosto, y más de 1.000 fueron detenidas.
También se informó de represión brutal de protestas por las fuerzas de seguridad en Angola, Benín, Botsuana, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Uganda. En otros países, como Chad, Tanzania, Togo y Zambia, las autoridades prohibieron protestas. En Tanzania se detuvo en agosto a más de 500 personas afiliadas al opositor Partido por la Democracia y el Progreso (Chadema) por presuntamente violar la prohibición de una conferencia de jóvenes; en septiembre, la policía anunció la prohibición de todas las protestas de Chadema. En Togo se prohibieron de forma sistemática las manifestaciones y reuniones previstas por los partidos de la oposición política y la sociedad civil para debatir sobre la reforma constitucional propuesta.
Libertad de expresión
Los gobiernos actuaron contra las voces críticas, sometiéndolas a intimidación, detenciones y acoso judicial. En Camerún, el ministro de Administración Territorial prohibió en octubre “todo debate en los medios de comunicación sobre el estado del presidente” tras unos rumores sobre la salud del presidente Biya. En Esuatini, las autoridades continuaron usando una ley antiterrorista de 2008 para atacar a quienes criticaban al gobierno. En Madagascar, las autoridades utilizaron el software espía Predator para vigilar a miembros de la oposición política. En Senegal, el político Ahmed Suzanne Camara fue detenido y acusado en julio de “ofensa al jefe del Estado” tras llamar mentirosos al presidente y al primer ministro; otro político, Cheikhna Keita, fue detenido en septiembre después de hablar en televisión sobre tensiones entre el presidente y el primer ministro.
En Uganda, efectivos militares detuvieron en abril a ocho músicos a quienes se había oído quejarse, durante un acto público, de un discurso del presidente Museveni; también en abril, un tribunal prohibió al activista en redes sociales Ibrahim Musana mencionar en las redes los nombres de varios cargos gubernamentales, incluido el presidente Museveni, hasta que se resolviera la causa incoada contra el activista por cargos de promoción del discurso de odio, entre otros; en julio, un tribunal condenó a Edward Awebwa a seis años de prisión por compartir vídeos en los que se burlaba del presidente. En Zambia, las autoridades presentaron cargos endebles contra varias personas críticas con el gobierno que habían dado a conocer denuncias de corrupción o criticar a autoridades gubernamentales; así, Raphael Nakacinda, secretario general del partido opositor Frente Patriótico, fue condenado a 18 meses de prisión por “difamar al presidente”, en aplicación de una ley derogada en 2021.
22/02/2026
1 Comment
Rubén Torres
1 mes agoEn este artículo se habla de muchos temas, por lo que hay mucho que decir.
Se dice que “ niveles cada vez mayores de violencia sexual y de género y muertes en gran escala—, las respuestas internacionales y regionales seguían siendo sumamente insuficientes y la población civil se sentía abandonada”.
Por enésima vez se pone en evidencia la famosa cita de A. Einstein; No esperes resultados distintos si siempre haces lo mismo. Y por enésima vez, la gente sigue ignorando lo que dijo ese tipo. Y por eso mismo tienen los africanos lo que se merecen.
En vez de enfrentarse a los que originan los problemas actúan como ratas cobardes esperando recibir ayuda de gobiernos de otros países. Como si los demás no tuviésemos nuestros propios problemas. Precisamente por cometer exactamente el mismo error que ellos.
Siguen con más quejas, esta vez sobre la pasta “La crisis del costo de la vida se agudizó con los aumentos de los precios de alimentos, combustibles y otros artículos de primera necesidad”
Es evidente que no se han leído mis artículos y mis vídeos sobre economía.
Continúan las quejas, ahora sobre la libertad de expresión “Protestar significaba poner en peligro la vida.” Y de nuevo les digo; ¿por qué no se han leído mis artículos y no han visto mis vídeos? De haberlo hecho y haber implementado mis propuestas todas esas quejas no tendrían lugar, ya se habrían solucionado todos sus problemas.
Siguen las quejas. “Sudán seguía sufriendo la mayor crisis de desplazamiento de población del mundo”. En esta ocasión culpan al cambio climático. Los sudaneses están pagando por sus errores, entre los cuales se encuentran el no seguir mis propuestas. Pues que se jodan.
Como ya he dicho hace un rato, aquí hay tema para rato, pues todo este relato consiste en quejarse de todo. Han omitido una de mis citas favoritas que suelo publicar; si no aportas soluciones es que formas parte del problema. Y al quejarse de todo lo evidencia. “La discriminación y la violencia por motivos de género” ¿Acaso han hecho algo para solucionarlo? Para nada, una vez más en vez de enfrentarse al problema han preferido huir como ratas del barco que se está hundiendo.
Ja, ja, esto que viene ahora es de traca “Los países de ingresos altos que eran los principales causantes del cambio climático no asignaron financiación suficiente para cubrir las pérdidas y daños ni para aplicar medidas de adaptación.” Solo las mentes deterioradas se dejan engañar con semejante patraña. Y mira que lo he explicado tropecientasmil veces; el único responsable del cambio climático es nuestra estrella más cercana; el sol.
Y hablando de patrañas, ahora citan a los derechos humanos, algo que jamás se debió redactar, al menos tal como lo conocemos dado que es absurdo.
Ahora toca quejarse sobre los homicidios. Y de nuevo les digo; tenéis lo que os merecéis por ignorar mis propuestas. Hablan de las muertes que efectuaron los militares, cuando en mis propuestas está contemplado el fin de los militares, si no hay soldados no pasarían esas cosas. Joderos.
Y cuando las noticias hablan de muertes de niños, ya es el colmo de la estupidez por dos motivos; pone de manifiesto la estupidez de la gente que se cree que los niños son más importantes que los adultos. El primero es que no aportan nada más que problemas, pues no aportan nada positivo. El segundo es que los gobiernos ponen todo tipo de trabas para adoptarlos para que reciban todo el cariño que se merecen. No prefieren que se los asesine o que pasen miseria.
Seguimos con las quejas de estas ratas cobardes “fuerzas gubernamentales detuvieron a decenas de hombres civiles en sus casas, en comercios y en las calles, y los ejecutaron.” Me pregunto ¿qué hacia la gente al ver que ocurrían estas cosas? Pues yo no estaba ahí, pero no creo que me equivoque si respondo; NADA.
Bueno, bueno. Cuando nos informan de las víctimas de los ataques aéreos también es de traca. Menudos chapuceros eran los pilotos, con una simple pistola que apenas cuesta 100 dólares yo hubiera matado a mucha más gente. Vaya mierda de ataques. Lo mismo opino sobre los ataques con drones, que tampoco son muy baratos que digamos.
En cuanto a las muertes de personas religiosas, pues bienvenidas sean, toda esa gentuza era chatarra humana. Me han parecido muy pocas.
Respecto a lo de incendiar iglesias no fue una buena idea, mejor hubiese sido desmantelarlas y aprovechar los materiales. En cuanto a incendiar en Chiure un hospital y dos escuelas, eso es de tarados mentales.
Y llegamos a las quejas sobre la violencia de género. Bueno, ese tema lo he tratado en numerosas ocasiones. Que se jodan por no implementar mis propuestas para erradicar ese todos los demás problemas.
Vamos que nos vamos, le toca el turno al viejo problema de la alimentación “Una gran parte de la población de la región seguía pasando hambre” que se jodan, ya sabe el lector porqué digo eso.
Y cuando veo estas cifras me pongo de los nervios; 68 millones de personas necesitaba ayuda. Por no citar a los miles de millones más de personas de otros países que pasan hambre. Estoy harto de decir que en todo el planeta debería haber dos millones de humanos. Sería impensable de que nadie pasara hambre.
Seguimos con las quejas, ahora toca la escolarización. Estoy harto de decir que antes de enseñar a los alumnos habría que educar a los docentes, cosa que sigue sin hacerse.
Otra patraña más que exponen en este artículo es el derecho a la salud.
Pero ¿qué demente propuso semejante despropósito? Una persona inteligente hubiese propuesto que la gente chatarra estarán exentos de recibir asistencia médica ni de poder adquirir medicamentos sin receta. Pues sobran en este planeta.
No se vayan todavía, aún hay más. Es el turno de quejarse por los desalojos forzados. Y de nuevo les digo ¡que se jodan! Pues no hicieron nada por evitar que les echaran de sus hogares. Siempre he defendido que si quieres la paz debes estar preparado para la guerra. Pero no, prefieren huir como buenos cobardes que son todos.
Y no podía faltar quejarse de la falta de expresión o de poder reunirse.
Pero qué fácil es quejarse por todo en vez de luchar por esos derechos. En ningún momento de este relato he visto un atisbo de rebeldía contra sus opresores; Un manifestante de 17 años murió por disparos en febrero durante una huelga convocada por el movimiento sindical; en marzo, dos niños de ocho y 14 años murieron por disparos en protestas ¡Panda de borregos! Tienen lo que se merecen. Menos huelgas y más enfrentamientos.