30 de enero de 2026

Alba Vila

Adamuz es el último síntoma de un Gobierno fallido en el sentido más literal del término: incapaz de garantizar lo básico. Mantener infraestructuras. Cuidar los pilares esenciales de una sociedad. Gobernar, en fin. Lo elemental. Pero cuando uno ha decidido dinamitar sus propios pilares éticos, sentarse encima de ellos y utilizarlos como taburete, lo demás llega solo. O no llega.

La vivienda, ese gran tótem discursivo de la izquierda, es hoy la prueba del algodón del fracaso. Mucho eslogan, mucha consigna y cero resultados: los españoles no pueden acceder a un techo. Y en paralelo, la inmigración ilegal ante la que resulta evidente que no hay que confundir, aunque el Gobierno se empeñe, con la regularización de quienes llevan años aquí, trabajan y respetan nuestras normas. Esta materia se ha convertido en un batiburrillo confuso donde todo vale. El PSOE ha elevado el embrollo a método. ¿De verdad alguien cree que cinco meses en un país generan arraigo? Permítanme que lo dude. ¿Y la fiabilidad de los documentos que acreditan la inexistencia de antecedentes? Pregunta retórica. Ahora, además, se suma la regularización exprés de inmigrantes ilegales impulsada por Pedro Sánchez y Podemos, aunque Yolanda Díaz intente colar de un modo un tanto infantil que fue ella quien lo pidió. Una medida tramitada por vía de urgencia y sin control parlamentario real. Según ha reconocido el propio Gobierno, el proceso será rápido y extraordinario, con el objetivo, dicen, de «dar derechos» a personas que ya se encontraban en España. Traducido: paralización de procedimientos de expulsión, puerta abierta a renovaciones posteriores y a procesos de arraigo, todo ello sin reforzar los controles de seguridad. Derechos primero, controles después. O nunca.

Desde Moncloa insisten en tranquilizarnos: «no es nacionalidad, sólo regularización». El problema, como casi siempre, es que los datos desmienten el relato. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018 la nacionalización de extranjeros se ha disparado hasta cifras nunca vistas: más de 252.000 personas en un solo año, según el INE y Eurostat. En paralelo, el número de residentes extranjeros con autorización supera ya los 3,7 millones. No es una opinión. Es estadística oficial. Tan real como lo expuesto y las conclusiones del informe ‘La inmigración y su impacto económico negativo en el estado de bienestar’ de la Fundación Disenso, una lectura imprescindible para quien aún sostiene, sin demasiados datos en la mano, que la inmigración es la tabla de salvación de nuestras pensiones.

En ‘Por qué fracasan las naciones’ se explica que no prosperan las que más recursos tienen, sino las que mejores instituciones construyen. Aquí las instituciones hace tiempo que dejaron de funcionar correctamente. Y si lo hacen, es sólo en beneficio del Gobierno de Pedro Sánchez. Nunca del interés general. De ahí el intento de indultar a García Ortiz. El mensaje es claro: nada ni nadie está por encima del Gobierno. No de la ley, del Gobierno. ¿Qué pretende decir Sánchez? ¿Que ni él ni los suyos deben someterse al control judicial?

Y volvemos a Adamuz. Un Gobierno que no mantiene lo básico. Hoy son los trenes; ayer, las carreteras; mañana, lo que toque. Siempre la misma técnica, tan vieja como eficaz: acusar al rival de las propias fechorías, generar ruido y blindarse. Óscar Puente se refugia en la «herencia recibida» y promete que «lo mejor está en camino». Siempre está en camino. Y siempre es culpa de los otros.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno no acude al funeral de las víctimas. Desde Moncloa dicen que no va a actos religiosos, aunque sí le hemos visto hacerlo fuera de España. Olvida que España tiene raíces cristianas y que, como presidente, le corresponde representar a todos. Pero Sánchez ya dejó claro que para él hay un muro: los suyos y los otros. Y ni siquiera «los suyos» están bien gobernados. Basta mirar la vivienda, la sanidad o la educación. La excusa no cuela. Las propias víctimas lo han dicho: consideran a este Gobierno parte del problema, es decir, responsable. Tanto es así que su oposición obligó a suspender un homenaje de Estado laico en Huelva al que Sánchez tenía previsto acudir. La romantización del «sólo el pueblo salva al pueblo! puede quedar muy bien en redes, pero es profundamente irresponsable. La solidaridad no puede servir para tapar responsabilidades. Alguien falló. Y a alguien hay que pedirle explicaciones. Porque, a día de hoy, nadie sabe oficialmente qué pasó con el apagón. Y lo que no se explica, se repite.

Óscar Puente sigue enredado en excusas: que renovar la vía no es renovarla entera, que todo se ha hecho bien, que no tiene respuesta para todo. Más que ingeniería ferroviaria, ¡las artes escénicas son lo suyo! El escenario, sin embargo, es inequívoco: incidentes operativos, descarrilamientos, cortes de servicio, retrasos acumulados. La conservación de la red ferroviaria está en el foco. Las causas serán multifactoriales desde el punto de vista más técnico pero hay una verdad elemental: el mantenimiento es lo básico. Y no se ha hecho. La conciencia de Puente puede estar muy tranquila, pero su responsabilidad política es innegable. Por el deterioro constante y advertido del servicio. Por ofrecer informaciones inexactas y engañosas. Por intentar eximirse de culpa a base de versiones cambiantes: primero el tren, luego las soldaduras, después el material defectuoso, más tarde que el tramo estaba completamente renovado. Todo corregido después. Todo rectificado. Todo desmentido.

Hemos entrado en una etapa extraña, casi distópica, en la que el lenguaje ya no sirve para describir la realidad sino para ocultarla. Las palabras se estiran, se vacían, se retuercen hasta decir lo contrario de lo que significaban. Regularizar no es regularizar; mantener no es mantener; renovar no es renovar. Y señalar lo evidente se ha convertido en un acto sospechoso. Hoy, llamar a las cosas por su nombre te coloca automáticamente fuera del sistema, en la categoría de los incómodos, los radicales, los que «no entienden la complejidad». Como si la realidad necesitara intérpretes oficiales y no ciudadanos con ojos. En este clima, negar lo obvio se ha vuelto política de Estado. Y aún hay quien se resiste a ver que cuando una democracia deja de confiar en los hechos y empieza a perseguir a quien los señala, lo que se abre paso no es el progreso, sino una peligrosa deriva que a España le empieza a resultar demasiado familiar. Una inquietante vocación de república bananera.

https://gaceta.es/opinion/estado-fallido-2-20260130-0016/

 

1/02/2026