Varios gobiernos intentaron introducir nuevas restricciones del derecho a la libertad de expresión. En Guinea Ecuatorial, el Parlamento comenzó a debatir en marzo un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia que imponía nuevas limitaciones al uso de las redes sociales. En Gambia y Lesoto se temía que, de ser aprobados sin modificaciones, los proyectos de ley sobre ciberdelincuencia presentados ante los respectivos Parlamentos dieran lugar a abusos y restricciones del derecho a la libertad de expresión. En Níger, las autoridades recuperaron las penas de prisión por difamación y delitos conexos, revirtiendo de ese modo avances previos en relación con el derecho a la libertad de expresión.

Los gobiernos hicieron caso omiso de la petición formulada en marzo por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de abstenerse de interrumpir los servicios de telecomunicaciones y de Internet o de bloquear el acceso a las plataformas digitales. Se tuvo noticia de este tipo de prácticas en países como Comoras, Etiopía, Guinea, Kenia, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Senegal y Sudán. En Sudán, un apagón casi total de las telecomunicaciones en febrero planteó riesgos graves para la coordinación de la asistencia de emergencia y los servicios humanitarios dirigidos a millones de personas atrapadas en el conflicto.

Libertad de los medios de comunicación

La represión contra periodistas fomentó un clima de miedo que propició la autocensura. Se amenazó, se agredió físicamente o se detuvo arbitrariamente a periodistas en Angola, Chad, Guinea, Kenia, Lesoto, Nigeria, Tanzania, Togo, Zimbabue y otros países. Hasta el 10 de diciembre, ocho periodistas habían muerto en África, cinco de ellos en Sudán, según la Federación Internacional de Periodistas. El periodista chadiano Idriss Yaya fue asesinado en marzo, junto con su esposa y su hijo de cuatro años, tras recibir amenazas probablemente relacionadas con sus informaciones sobre la intensificación de los conflictos comunales en la región de Mongo.

Transcurridos más de dos decenios desde el desmantelamiento de la prensa libre, en Eritrea seguía sin haber registrado ningún tipo de medio de comunicación privado. En Benín, Burkina Faso, Guinea, Tanzania, Togo y otros países, las autoridades suspendieron o amenazaron con suspender las actividades de medios de comunicación y periódicos. En Burkina Faso, las autoridades suspendieron durante dos semanas las emisiones de TV5 Monde, BBC y Voz de América, así como el acceso a los sitios web de nueve organizaciones de medios de comunicación burkinesas, como represalia por sus informaciones sobre las masacres de Nodin y Soro. En Guinea, el gobierno ordenó la revocación de las licencias de actividad de varias emisoras de radio y televisión por presuntamente “incumplir las especificaciones sobre contenidos”. En Tanzania, las autoridades reguladoras suspendieron durante 30 días las plataformas digitales del periódico The Citizen, con el argumento de que habían publicado material que ponía en peligro la “unidad nacional y la paz social” en relación con un vídeo sobre personas asesinadas o en paradero desconocido. En Togo, las autoridades suspendieron las acreditaciones de toda la prensa extranjera para la cobertura de las elecciones de abril.

Libertad de asociación

Se restringió la capacidad de las entidades de la sociedad civil de organizarse y desarrollar libremente sus actividades. En Costa de Marfil, el gobierno aprobó una ordenanza para regular las actividades de este tipo de entidades, lo que despertó en ellas el temor de que la ley se utilizara para interferir en sus finanzas y controlar su trabajo. Las autoridades etíopes suspendieron arbitrariamente las licencias de cinco organizaciones nacionales de derechos humanos, y al terminar el año cuatro de las suspensiones continuaban en vigor. En Guinea, el gobierno suspendió por cuatro meses la renovación de las licencias de funcionamiento de las ONG mientras se llevaba a cabo una evaluación de sus actividades. En Ruanda, una nueva ley impuso restricciones a las decisiones de las ONG nacionales en materia de presupuestos y gestión.

En Uganda, una enmienda de la ley sobre las ONG preparó el terreno para la disolución de la Oficina de ONG, de carácter semiautónomo, y su conversión en departamento del Ministerio del Interior, lo que sentaba las bases para la toma de decisiones centralizada, el control y el aumento de la supervisión gubernamental respecto a los asuntos relacionados con las ONG. En Zimbabue, el Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (Enmienda), de 2024, que al terminar el año estaba pendiente de tramitación en el Senado, contenía disposiciones que podían usarse para restringir el espacio cívico y poner en peligro la existencia, la independencia y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Los gobiernos deben garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se atienen al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al uso de la fuerza; han de poner fin a toda forma de hostigamiento contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y crear un entorno seguro y propicio para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Detención y reclusión arbitrarias y desapariciones forzadas

Se observó la práctica de detención y reclusión arbitrarias de activistas de la oposición y defensores y defensoras de los derechos humanos en muchos países, como Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Chad, Guinea Ecuatorial, Malí, Mozambique, Níger, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Zambia y Zimbabue. En Angola, la salud de los activistas detenidos Adolfo Campos y Gildo das Ruas se deterioró drásticamente al negárseles la atención médica. En Chad, tras el homicidio del líder opositor Yaya Dillo en febrero, en una irrupción de las fuerzas de seguridad en la sede de su partido, 25 de sus familiares fueron detenidos y la mayoría quedaron recluidos en una prisión de alta seguridad sin acceso a asistencia letrada ni atención médica; en julio, 14 fueron condenados a 10 años de prisión, otros 10 fueron absueltos y uno permaneció detenido sin cargos, y todos fueron puestos en libertad en noviembre y diciembre sin explicaciones. En Malí, la gendarmería detuvo a 11 políticos en junio por celebrar una reunión en la capital, Bamako; acusados de “alteración del orden público y conspiración contra el Estado”, los políticos quedaron en libertad en diciembre.

En otros países de la región, las autoridades empleaban cada vez con mayor frecuencia las detenciones masivas, con redadas que afectaban a cientos de personas. En República del Congo se detuvo a 580 personas en mayo y junio tras poner en marcha las autoridades de Brazzaville la Operación Coup de Poing (“Relámpago”, en francés) para luchar contra la delincuencia. En Etiopía se detuvo a cientos de personas en todo el país con el pretexto de hacer cumplir el estado de emergencia; en la región de Amhara, el ejército federal y las fuerzas de seguridad emprendieron una nueva campaña de detenciones masivas en septiembre y detuvieron a miles de personas en cuatro días. En Mozambique se arrestó a cientos de personas en el periodo previo a las elecciones generales de octubre por su apoyo o pertenencia al opositor Partido Optimista para el Desarrollo de Mozambique, y se practicaron miles de detenciones más en el periodo posterior a las elecciones. En Zimbabue, las autoridades intensificaron la represión de la disidencia pacífica y detuvieron a más de 160 personas, entre las que había miembros de la oposición, dirigentes sindicales, estudiantes y periodistas, en el periodo previo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral celebrada el 17 de agosto en la capital, Harare; anteriormente, en junio, la policía había detenido a 78 personas tras irrumpir en una reunión privada en el domicilio de Jameson Timba, líder del partido opositor Coalición de Ciudadanos por el Cambio.

Las desapariciones forzadas seguían siendo generalizadas en países como Angola, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Kenia, Malí, Sierra Leona y Tanzania. En Kenia, la Sociedad Jurídica informó de la desaparición forzada de al menos 72 personas en relación con las protestas contra el Proyecto de Ley de Presupuestos. En Guinea, al terminar el año continuaban en situación de desaparición forzada Omar Sylla y Mamadou Billo Bah, miembros del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución detenidos en julio, y el periodista Habib Marouane Camara, detenido a principios de diciembre.

Los gobiernos deben poner fin al uso de la detención y reclusión arbitrarias y la desaparición forzada de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas, oponentes y personas críticas con el gobierno; también deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y revelar la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada.

Derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes

Sudán sufría la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con más de 11 millones de personas internamente desplazadas, de las cuales 8,6 millones lo estaban desde abril de 2023. Otros países con cifras impactantes de personas internamente desplazadas eran República Democrática del Congo (7,3 millones), Burkina Faso (2 millones), Sudán del Sur (2 millones), Somalia (552.000), República Centroafricana (455.533) y Malí (331.000). Las condiciones de vida en los campos para población internamente desplazada seguían siendo deplorables, y los ataques continuos de grupos armados agravaban la situación. En agosto, la ONU declaró condiciones de hambruna en el campo de Zamzam para personas internamente desplazadas en la región sudanesa de Darfur Septentrional.

Siguió aumentando el número de personas refugiadas procedentes de zonas de conflicto. La población refugiada sudanesa en países vecinos superaba los 3,2 millones de personas. Sus condiciones de vida eran pésimas, y en Egipto cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente en espera de su devolución a Sudán. Entre enero y marzo, las autoridades egipcias devolvieron a unas 800 personas de nacionalidad sudanesa.

Entre enero y agosto, Argelia expulsó a la ciudad de Assamaka, región de Agadez (Níger), a más de 20.000 personas migrantes procedentes de diversos países. En mayo, varias personas murieron, al parecer por agotamiento, cuando viajaban hacia Assamaka o al llegar a esa ciudad.

Los gobiernos deben dejar de detener arbitrariamente por su condición migratoria a las personas refugiadas y migrantes, y deben proteger a estas personas frente a devoluciones y expulsiones masivas.

Discriminación y marginación

La violación y asesinato en Etiopía de Heaven Awot, de siete años, y la muerte de tres niñas en Sierra Leona después de haberlas sometido a mutilación genital femenina se convirtieron en casos emblemáticos de la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en la región. No obstante, se tuvo constancia de novedades positivas en varios países. En Costa de Marfil, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal para permitir el aborto en casos de incesto. El gobierno de Guinea Ecuatorial adoptó una declaración que exponía medidas para abordar las desigualdades de género y promover el empoderamiento de las mujeres. El Parlamento de Gambia rechazó un proyecto de ley que pretendía anular la prohibición de la mutilación genital femenina. Sierra Leona promulgó una ley que prohibía el matrimonio precoz e infantil. En Sudáfrica, el Tribunal Superior de Pretoria declaró inconstitucionales los artículos de una ley relativa a los delitos sexuales porque establecían una prueba subjetiva de la intención delictiva según la cual la violencia sexual no se tipificaba como delito si el agresor creía de forma errónea e irrazonable que la denunciante había dado su consentimiento.

Mientras grupos de activistas conmemoraban el décimo aniversario de la Resolución 275 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativa a la protección de las personas LGBTI frente a la violencia, las autoridades seguían utilizando los sistemas jurídicos para atacarlas y discriminarlas. En Malí se adoptó un nuevo Código Penal en virtud del cual las relaciones homosexuales consentidas podían castigarse con prisión y multa. En Burkina Faso, un proyecto de Código de la Persona y la Familia amenazaba con tipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El Parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que criminalizaba aún más a las personas LGBTI. En Malawi y Uganda, los tribunales confirmaron la prohibición de las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas. En Esuatini, el gobierno siguió negándose a inscribir en registro a una organización de derechos de las personas LGBTI. En cambio, entre las novedades positivas en otros países figuraba la introducción en Botsuana de un proyecto de enmienda constitucional que podía proteger a las personas intersexuales frente a la discriminación. El Tribunal Superior de Namibia anuló la legislación que prohibía las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Los gobiernos deben combatir todas las formas de discriminación y violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas, así como abordar las causas fundamentales y redoblar los esfuerzos para eliminar las prácticas nocivas. Los gobiernos deben derogar las leyes anti-LGBTI y abstenerse de intentar criminalizar las relaciones homosexuales consentidas.

Derecho a un medioambiente saludable

Los países de ingresos altos que eran los principales causantes del cambio climático no asignaron fondos suficientes para pérdidas y daños ni para la aplicación de medidas de adaptación. En consecuencia, millones de personas soportaban sequías y miles se veían afectadas por lluvias torrenciales e inundaciones. Se tuvo noticia de muertes por inundaciones en países como Camerún, Costa de Marfil, Madagascar, Malí y Níger. En Níger y Malí murieron en inundaciones al menos 339 y 177 personas, respectivamente. En Madagascar, el ciclón Gamane causó 18 muertes, provocó el desplazamiento de 20.737 personas y dañó infraestructuras esenciales tales como carreteras y puentes.

La asignación por varios gobiernos de fondos para abordar la crisis del cambio climático se hizo a costa de aumentar las cargas de la deuda. Costa de Marfil asignó 1.300 millones de dólares estadounidenses para mejorar su resiliencia climática y la transición a energías renovables. Namibia asignó 10.000 millones de dólares para desarrollar el denominado “hidrógeno verde”. A su vez, el gobierno de Sudáfrica anunció el establecimiento de un fondo de respuesta al cambio climático para responder a los efectos de este fenómeno y generar resiliencia. En Madagascar, el gobierno se comprometió a reducir un 28% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Otras novedades fueron la suspensión por el gobierno de República del Congo de las operaciones de la empresa de reciclaje Metssa Congo en Vindoulou, departamento de Pointe-Noire, debido a los posibles riesgos para la salud de las poblaciones circundantes y para el medioambiente. Las autoridades de Senegal suspendieron hasta mediados de 2027 todas las actividades de minería a orillas del río Falémé por motivos de salud y ambientales relacionados con el uso de sustancias químicas en las operaciones mineras.

Los gobiernos deben tomar de inmediato medidas para proteger a la población de los efectos del cambio climático y para reforzar su preparación frente a fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cosas solicitando ayuda internacional y financiación climática de los países de ingresos altos, especialmente los que tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La impunidad continuaba arraigada en muchos países. En Esuatini, el gobierno no investigó los homicidios extrajudiciales cometidos entre 2021 y 2024, entre ellos la muerte del abogado de derechos humanos Thulani Maseko en 2023. En Etiopía, el gobierno continuó haciendo caso omiso de crímenes documentados por organismos de derechos humanos, mientras su iniciativa de “justicia transicional”, limitada a la reconciliación, seguía siendo en gran medida un mero ejercicio teórico. En Senegal, una ley de amnistía aprobada en marzo puso fin a los procesamientos por la muerte de 65 manifestantes y transeúntes entre marzo de 2021 y febrero de 2024.

No obstante, se tuvo constancia de la adopción de medidas para promover la justicia y la rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional en varios países. En República Centroafricana, el Tribunal Penal Especial, respaldado por la ONU, detuvo a dos presuntos perpetradores y dictó una orden de arresto internacional contra el expresidente François Bozizé por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con acciones llevadas a cabo por su guardia presidencial entre 2009 y 2013. En abril, la Asamblea Nacional de Gambia aprobó leyes que establecían el Mecanismo Especial de Rendición de Cuentas y la Fiscalía Especial. En diciembre, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) acordó establecer el Tribunal Especial para Gambia, decisión que evidenciaba avances en la rendición de cuentas por delitos cometidos durante el mandato del expresidente Yahya Jammeh. En Sudán del Sur se promulgaron leyes para establecer comisiones de la verdad y reparación, pero el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur continuaba estancado.

En algunos casos, el enjuiciamiento de presuntos autores concluyó con sentencias condenatorias. En Guinea, el Tribunal Penal de Dixinn declaró a ocho personas, entre ellas el expresidente Moussa Dadis Camara, culpables de crímenes de lesa humanidad en relación con la masacre del estadio de Conakry, cometida en septiembre de 2009. La Corte Penal Internacional condenó a Al Hassan Ag Abdoul Aziz a 10 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Malí entre mayo de 2012 y enero de 2023.

Los gobiernos deben reforzar las medidas para prevenir y combatir la impunidad abriendo de inmediato investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos, poniendo a disposición de la justicia a las personas presuntamente responsables y garantizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo.

https://www.amnesty.org/es/location/africa/report-africa/

22/02/2026